La Corte Suprema rechazó el viernes una impugnación promovida por republicanos a una política del gobierno del presidente Joe Biden que da prioridad a la deportación de inmigrantes considerados de mayor riesgo para la seguridad pública o que fueron detenidos en la frontera.
Los jueces aprobaron, por 8 votos frente a 1, permitir que la política bloqueada por largo tiempo entre en vigor, reconociendo que se carece de dinero y personal suficientes para deportar a las aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente.
Este fue uno de dos casos de migración decididos el viernes. En el otro, se mantuvo una sección de la ley federal utilizada para procesar a las personas que fomentan la inmigración ilegal.
En el caso de las deportaciones, Luisiana y Texas habían argumentado que la ley federal de inmigración requiere que las autoridades detengan y expulsen a aquellas personas que se encuentren de manera ilegal en Estados Unidos, aunque representen poco o ningún riesgo.
Pero la corte sostuvo que, en primer lugar, los estados carecen de la capacidad jurídica en el caso, del derecho a demandar.
El juez Brett Kavanaugh escribió en su opinión en nombre de la corte que el poder ejecutivo no tiene otra alternativa que la de establecer prioridades en las labores para controlar la inmigración.
“Eso es porque el poder ejecutivo invariablemente carece de los recursos para arrestar y juzgar a cada infractor de cada ley y constantemente debe reaccionar y ajustarse a las necesidades siempre cambiantes de seguridad y bienestar público del pueblo estadounidense”, escribió Kavanaugh.
