Los muros de las cárceles suelen servir para evitar que delincuentes y criminales salgan a la calle. El reto ahora es el opuesto: evitar que un virus entre a un lugar en el que el distanciamiento social no existe. En esta lucha andan casi todos los países, pero se hace especialmente ardua en Latinoamérica y El Caribe, la región del mundo que cuenta con algunas de las cárceles más atestadas —en algunos países sobrepasan el 300% de su capacidad—, con peores medidas de higiene y con menos medios tecnológicos.
La región alberga más de un millón y medio de personas privadas de libertad, su tasa de presos dobla a la mundial. El caso más llamativo es el de Brasil, que acumula 750.000 internos, la misma cantidad que el resto de países juntos. «La pandemia es una ocasión idónea para aplicar un punto de vista de derechos humanos sobre la situación en las prisiones de la región, habitualmente con sobrepoblación», apunta Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia.
La tensión ya ha comenzado a sentirse en los penales de la región. Colombia sufrió a principios de mes varios motines que ocasionaron 23 muertos, uno de ellos en La Modelo, que alberga 5.000 penados. Bolivia vivió otro la semana pasada tras la muerte de un interno. Y Argentina sofocó otro a finales de marzo en la prisión de Coronda. «Es necesario educar y explicar todo lo que implica esta pandemia tanto al personal de las cárceles como a los presos y a los que les rodean o veremos más situaciones de pánico y violencia», señala Eduardo Gotuzzo, investigador en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano de Perú. «Hay que entender cuáles de esos levantamientos responden de verdad a un estado de nerviosismo por parte de los presos y cuáles han sido orquestados por el crimen organizado aprovechándose de la situación», especifica Rodrigo Serrano-Berthet, especialista de Seguridad Ciudadana y Justicia de Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta organización fue precisamente la convocante de una reunión virtual celebrada hace unos días en la que expertos en la materia y miembros de Gobiernos latinoamericanos y caribeños procedentes de 25 países intercambiaron experiencias. Países como Chile han preparado un indulto que contempla a 1.300 presos especialmente vulnerables: con patologías previas, de edad avanzada y madres con niños pequeños. También aprobaron una ley para restringir la actividad de los tribunales a mínimos imprescindibles, algo que también ha aplicado Colombia. Este país con 120.000 privados de libertad también prepara la prisión domiciliaria de unos 10.000 presos poco peligrosos al menos durante seis meses. «Esta medida no es aplicable en el caso de delitos graves como homicidios, violaciones, secuestros o terrorismo», subraya Gil Botero.
El objetivo no es solo el de reducir el hacinamiento para evitar los contagios, sino también el de liberar espacio en los centros para dedicarlo a servicios médicos o para apartar a los casos sospechosos. Un ejemplo concreto de cómo se están aplicando ya estas acciones es el de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Tras cambiar el régimen de 200 presos a arresto domiciliario, ha sido posible habilitar lugares de aislamiento para los internos que presenten síntomas o para separar a la población de riesgo.
La clave para esta liberación de espacio podría estar en los preventivos, que en la región suponen el 47% de los internos, según datos del World Prison Brief. En Paraguay, Haití, Bolivia y Uruguay, este porcentaje se eleva al 70%. Pedro Das Neves, fundador de la firma especializada Innovative Prison Systems, recomienda generalizar el uso de tobilleras para aplicar la libertad vigilada. «Pero hay otros presos que no requieren tanto control, y con los que bastaría una aplicación para comprobar si están cumpliendo el régimen», puntualiza.
Un estudio muestra realidades alarmantes como que el 20% de los presos no tiene suficiente acceso a agua potable o que solo el 37% cuenta con jabón
«Con la sobrepoblación hay que plantear otras alternativas, como por ejemplo hacer diferentes turnos para salir al patio y que no se acumulen todos a la misma hora», afirma Eduardo Gotuzzo, investigador y asesor del Gobierno peruano en esta crisis sanitaria. Este especialista recomienda diseñar actividades para los reclusos que incluyan más deporte sin contacto físico o aumentar las actividades dentro de prisión. En Chile, algunos centros han transformado los talleres en centros de producción de útiles necesarios para afrontar la pandemia, como mascarillas. En Ecuador incluso fabrican ataúdes.
Separación de los familiares
La prohibición de las visitas de familiares, abogados, trabajadores sociales, curas y pedagogos es uno de los pasos más peliagudos, por las tensiones que pueden provocar entre los internos. Estos intercambios no solo suponen un apoyo moral, sino que en muchos casos sirven para hacerles llegar elementos básicos para su día a día. Un estudio del BID en 14 países muestra realidades alarmantes como que el 20% de los presos no tiene suficiente acceso a agua potable o que solo el 37% cuenta con jabón. Dos elementos imprescindibles para evitar la propagación de enfermedades transmisibles. En ese mismo estudio, el 58% de los reclusos declaró no dormir en una cama. Para mitigar la incertidumbre entre los familiares sobre el estado de los internos, los Gobiernos también están facilitando vías de información. Brasil ha creado una página web para que cualquier ciudadano pueda seguir los últimos datos sobre el coronavirus en sus prisiones.
Brasil ha creado una página web para que cualquier ciudadano pueda seguir los últimos datos sobre el coronavirus en sus prisiones
La mayoría de los países han diseñado un plan de videoconferencias para suplir el contacto físico, aunque no en todos los casos hay medios o conexión. Muchos se fijan en el ejemplo de España. José Luis Hernández, subdirector General de nuevas tecnologías del Ministerio de Justicia español, explica que en las primeras dos semanas de Estado de Alarma, el ministerio realizó 5.226 horas de videoconferencia. Una buena parte de las cuales consistieron en la comunicación de resoluciones judiciales a los presos. «Hay multitud de herramientas gratuitas para que los presos puedan tener asistencia médica o comunicaciones con sus abogados, familiares y personal consular. Skype, Google Duo, Microsoft Teams…», apunta Hernández. «Estos mecanismos se pueden utilizar también para algunas vistas orales, algo que evitaría el traslado de los internos», añade.
¿Dónde encontrar los medios para crear una red de vídeollamadas en tiempo exprés? Aitor Cubo, especialista en Gobierno Digital del BID da alguna clave: «Se puede aprovechar todo el material electrónico que estuviera a punto de ser descartado por organismos públicos u otras entidades que quieran donarlo. La cesión de equipos evitaría el tortuoso proceso burocrático de adquisición de los mismos por las vías habituales». A pesar de esto, los medios disponibles no siempre permiten la implantación de vídeollamadas. En estos casos los expertos recomiendan buscar alternativas. «Tal vez 15 minutos extra al teléfono o dos llamadas en lugar de una semanal, ayuden a paliar la ausencia de contacto», apunta Pedro Das Neves.
En el ámbito estrictamente sanitario, los especialistas exigen formación y recursos. Juan Rudy Núñez es presidente del Colegio Americano de Médicos Penitenciarios: «¿Qué hacemos si encontramos un caso positivo? ¿A quién tenemos que informar? ¿Tenemos un sustituto en caso de que nosotros enfermemos?». Rudy urge a la aplicación de protocolos que incluyan, por ejemplo, que si un funcionario está destinado en el área médica, no entre en las rotaciones y se mantenga en esa posición, para evitar los riesgos.
