Por lo que viene siendo planteado en los tribunales, la cruzada contra la corrupción iniciada por el Gobierno del presidente Abinader, con gran despliegue mediático, parece haberse sustentado más en argumentos que en pruebas, lo que podría conducir al fracaso, según las conclusiones de fondo en los casos Antipulpo y Medusa, que, conforme al nuevo Código Procesal Penal, estarían extinguidos por haber transcurrido la duración máxima.
El pasado mes de marzo correspondió el turno a Calamar, expediente que, antes de concluir la fase preliminar, conforme al artículo 148, actual 150, de la Ley 97-25, para muchos de los imputados también presenta la acción penal extinguida, en el marco de una normativa orgánica que, desde el 13 de abril, tiene aplicación obligatoria para los jueces.
