– Marilyn Lomas por fin lo había conseguido. Frente a la migrante ecuatoriana, su marido y sus dos hijos, estaba el Suchiate. Las aguas del caudaloso río, que pueden volverse peligrosas en ocasiones para los migrantes, marcan la parte más suroccidental de la frontera de 956 kilómetros entre México y Guatemala.
«La situación [en Ecuador] es muy mala. Hay mucha delincuencia. Está muy mal», dijo mientras ella y su familia cruzaban recientemente el río en una endeble balsa junto con aproximadamente una docena de migrantes que suelen pagar un dólar a los guías locales para que les ayuden a cruzar, con suerte, sin mojarse.
Aparte del Suchiate, nada impedía a la familia cruzar desde el departamento guatemalteco de San Marcos al estado mexicano de Chiapas. Históricamente, los migrantes procedentes del sur se han enfrentado a pocas o ninguna restricción en Guatemala o México. Pero eso cambió drásticamente en 2019.
En mayo de ese año, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos que entraran en Estados Unidos si México no limitaba el número de migrantes centroamericanos que circulaban por el país.
Tras intensas negociaciones entre ambos países, Trump anunció el 7 de junio que se había llegado a un acuerdo por el que México iba a «tomar fuertes medidas para frenar la marea migratoria a través de México, y hacia nuestra frontera sur», según tuiteó el entonces presidente.
Dos semanas más tarde, el secretario de Defensa de México anunció que se habían desplegado casi 15.000 soldados en la frontera entre México y Estados Unidos, además de los 2.000 miembros de la Guardia Nacional que ya se habían desplegado en la frontera sur de México con Belice y Guatemala, que se sumaban a los 4.500 soldados ya repartidos por la zona.
Pero la aplicación de la ley ha sido caótica, esporádica y, en palabras de un exfuncionario de alto rango mexicano, «ineficiente».
Tonatiuh Guillén fue comisionado del Instituto Nacional de Migración de México hasta 2019. Tras solo siete meses en el cargo, dimitió por su fuerte desacuerdo con la decisión de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de «militarizar las fronteras de México».
«México se convirtió en un territorio de control, [un lugar de] una política migratoria severa, detenciones, disuasión y expulsiones. Y también hay que señalar (…) que a pesar de estas medidas severas, tenemos que reconocer que han sido muy ineficientes. Si comparamos el número de migrantes que entraron a México en 2018 o al año siguiente, cuando se implementaron estas medidas, esos números se han triplicado o cuadruplicado», dijo Guillén a CNN.
