“NUNCA MÁS OTRA MADRE DEBERÍA PASAR POR ESTE SUFRIMIENTO», EXPRESÓ
ROSA HERMINIA HERNÁNDEZ”.
Santo Domingo, República Dominicana – En un histórico acto de defensa de los derechos
fundamentales, Alianza Cristiana Dominicana, Católicas por el Derecho a Decidir y Rosa
Herminia Hernández, madre de Rosaura Almonte «Esperancita» (adolescente fallecida en
2012 por falta de atención médica durante el embarazo), presentaron una Acción Directa de
Inconstitucionalidad (ADI) contra varios artículos del nuevo Código Penal.
La acción, interpuesta ante el Tribunal Constitucional, impugna los artículos 106, 107, 108,
110 y 111 de la Ley 74-25 (Código Penal dominicano), que mantienen la criminalización
absoluta de la interrupción del embarazo, sin contemplar excepciones, y ponen en riesgo la
vida de mujeres, adolescentes y niñas en situaciones extremas.
La audiencia de la acción tendrá lugar el próximo miércoles 17 de junio.
Una lucha por la vida y la dignidad
«Mi hija Rosaura murió siendo una adolescente de 16 años porque se le negó el tratamiento
médico que necesitaba por estar embarazada. Nunca más otra madre debería pasar por
este sufrimiento», expresó Rosa Herminia Hernández, co-accionante en la demanda, cuya
hija falleció en 2012 con diagnóstico de leucemia durante las primeras semanas de
embarazo.
La ADI argumenta que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo viola
derechos constitucionales fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la
integridad personal, la dignidad y la igualdad, consagrados en los artículos 37, 38, 39, 42,
44, 56 y 74 de la Constitución Dominicana.
Argumentos jurídicos fundamentales
La demanda sostiene que la inclusión de excepciones es una exigencia constitucional, pues
el derecho a la vida del artículo 37 debe interpretarse en armonía con los derechos de la
mujer embarazada, no como una protección absoluta que sacrifique su vida y dignidad.
Indica que más del 70% de los países con protección constitucional de la vida prenatal
despenalizan la interrupción del embarazo en causales extremas, como Ecuador, Chile y
Perú.
Las accionantes también denuncian el artículo 111 (que se presenta como una supuesta
eximente) por ser ambiguo, incompleto y disfuncional, generando inseguridad jurídica y un
«efecto inhibidor» en los profesionales de la salud, que por miedo a sanción penal no toman
medidas urgentes a tiempo, lo que termina costando vidas.
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Además, el artículo 110 habilita abortos forzosos, en contra de la voluntad de la mujer,
violando el derecho al consentimiento informado y configurando un trato cruel, inhumano o
degradante.
“Esta acción busca algo muy simple: que ninguna mujer o ninguna niña tenga que elegir
entre su vida, su salud y la cárcel, porque la Constitución dominicana las protege”, expresó
la abogada constitucionalista Patricia Santana Nina, parte del equipo legal que lidera la
acción y que también está compuesto por Cristóbal Rodríguez Gómez, Ivanna Molina Peña,
Luis Fernández Budajir, Tamara Aquino Veras y Pedro Castellanos Hernández.
Impacto real en las familias dominicanas
La evidencia presentada en la ADI muestra el impacto devastador de la legislación actual:
585 niñas entre 11 y 14 años se convirtieron en madres en 2024; mientras que 62 casos de
aborto y 16 de tentativa fueron sometidos a proceso entre 2017-2022, según Procuraduría
General de la República.
El documento señala los casos de Adilka Feliz, fallecida en 2024; Carmen Dionelys
Martínez Bonilla, quien murió a las 20 semanas de embarazo, padeciendo de falcemia que
se había complicado desde el inicio del embarazo y se negaron a interrumpirlo; así como
Winifer Núñez Beato, fallecida en 2021 producto de un embarazo con feto inviable, dejando
a una niña de dos años huérfana y a un esposo viudo.
Perspectiva cristiana
«La fe cristiana nos llama a alzar la voz por la inclusión de excepciones en la ley por el bien
de las familias dominicanas que están sufriendo», afirmó la representante de Alianza
Cristiana Dominicana.
La demanda destaca que la Biblia nunca condena explícitamente la interrupción del
embarazo y que el pueblo dominicano, mayoritariamente cristiano, respalda la
despenalización en circunstancias extremas.
«Estamos defendiendo que la Constitución no protege una vida en abstracto, sino que exige
preservar la vida humana en condiciones de dignidad», explicó el equipo legal de las
organizaciones.
Petitorio
Las accionantes solicitan al Tribunal Constitucional:
- Declarar la inconstitucionalidad parcial de los artículos impugnados
- Establecer una interpretación armónica que permita la interrupción del embarazo en las
tres causales: peligro para la vida y la salud de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo
producto de violación/incesto - Garantizar el derecho a la vida, la salud y la dignidad de las mujeres dominicanas
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Sobre las accionantes
- Rosa Herminia Hernández: Madre de Rosaura «Esperancita», símbolo de la lucha por el
derecho a la vida y la inclusión de excepciones legales a la interrupción del embarazo. - Alianza Cristiana Dominicana es una organización de fe comprometida con la justicia
social, la dignidad humana y los derechos de las mujeres. Desde una perspectiva cristiana
inclusiva, promueve el diálogo entre la fe, la ética y los derechos humanos, abogando por
políticas públicas que protejan la vida y la salud de las mujeres, incluyendo la
despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales en la República
Dominicana. Su trabajo articula reflexión teológica, incidencia social y acompañamiento
comunitario, contribuyendo a construir una sociedad más justa, compasiva y equitativa. - Católicas por el Derecho a Decidir RD es un movimiento de personas católicas
feministas que promueve la justicia social, la dignidad humana y la autonomía de las
mujeres y las niñas. Desde la teología feminista, defiende la libertad de conciencia como un
principio fundamental de la fe, reconociendo la capacidad moral de las mujeres para tomar
decisiones responsables sobre sus vidas, incluyendo su salud sexual y reproductiva.
Trabaja por transformar los patrones culturales que limitan sus derechos, afirmando que la
fe y los derechos de las mujeres no son opuestos, sino compatibles en la construcción de
una vida plena y justa.
Contacto de prensa: Tony Pichardo +1 (829) 554-7090
