Una auditoría estableció que el 97 por ciento de los beneficiados con el Plan de Regularización de Extranjeros desarrollado en el 2013, por mandato de la sentencia TC-0168-13, no cumplió con los requisitos establecidos, y que de esos, el 56 por ciento no aportó ningún documento de los requeridos.

La auditoría fue realizada en el 2022 a través del Viceministerio de Interior y Policía para asuntos Migratorio y Naturalización, que dirige el abogado Juan Manuel Rosario, quien expuso que cuando asumió esas funciones decidieron hacer una auditoria del PNRE para ver si se había hecho bien.

Según esa auditoría, de los regularizados, 252,407 no cumplió con los requerimientos del programa para ser considerados residentes, mientras 7,834 sí cumplieron.

Precisó que los extranjeros tenían que presentar una determinada documentación para demostrar arraigo y que no lo presentaron, porque “todo se hizo por la presión tanto interna como externa.”