La justicia de Ecuador cerró este miércoles el cerco alrededor del expresidente Rafael Correa, muy popular en su década de gobierno, al llamarlo a juicio por su presunta participación en el secuestro de un opositor ocurrido en 2012 en Colombia.

El exmandatario, que sigue en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel.

Correa, que presidió el país de 2007 a 2017 y vive junto a su familia desde hace un año en Bélgica, de donde es originaria su esposa, tilda de «farsa» la acusación.

El llamado a juicio, que incluye también a dos exagentes que están detenidos y a Pablo Romero, exjefe de la secretaría (ministerio) de Inteligencia y quien se encuentra en España, fue anunciado por la jueza Daniella Camacho, de una sala penal de la suprema Corte, con sede en Quito.

La justicia mantiene además el pedido de circular roja de Interpol con fines de extradición para Romero y Correa, quien se considera víctima de una persecución del gobierno de Lenín Moreno, su sucesor y exaliado.

Debido a que Correa y Romero están prófugos, la magistrada ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se entreguen.

«Yo no espero absolutamente nada de la justicia ecuatoriana», declaró el exgobernante a la cadena Telesur minutos antes de que la jueza se pronunciara.

Expresó que su nación «está totalmente fuera del Estado de derecho» y que su situación jurídica es para «evitar que Correa participe en política y, sobre todo, en la campaña» para la elección de autoridades provinciales y municipales de marzo próximo.

Un referéndum de febrero pasado, convocado por Moreno, eliminó la reelección indefinida promovida por el exjefe de Estado, cerrándole la puerta para intentar volver al poder a partir de 2021.

En las afueras de la Corte, que estuvo resguardada por policías, varias decenas de personas se concentraron para expresar su respaldo a Correa y lanzar gritos contra Moreno, sin que las autoridades hayan reportado incidentes.

«Se hizo justicia»

En la fase preparatoria de juicio, Correa, de 55 años, fue acusado por la Fiscalía de dar la «orden directa» para el fugaz secuestro en 2012 del opositor Fernando Balda, quien estaba refugiado en Bogotá alegando ser un perseguido político.

Cinco personas, a las que se habría pagado con fondos reservados del Estado para no levantar sospechas, según el ente acusador, lo subieron a un automóvil, pero la policía colombiana logró interceptar el vehículo y liberarlo.