En América Latina, el crimen organizado descubrió que la política puede ser una inversión más rentable que una ruta de droga, que un socavón ilegal o una red de contrabando. Ya no es solo recurrir a la política de “plata o plomo” con autoridades electas. Cada vez más, las economías ilegales buscan intervenir antes: financian campañas, imponen candidatos, controlan territorios o capturan instituciones desde adentro.
Esta investigación de los medios del Grupo de Diarios América (GDA) muestra un patrón regional. Aunque con formas distintas en cada país, la lógica es la misma: las economías ilegales han dejado de ser actores externos al sistema político y, en varios casos, ya participan activamente en la competencia electoral. El narcotráfico sigue siendo el principal motor de esa infiltración, pero ya no actúa solo. La minería ilegal, el lavado de activos y la corrupción en la contratación pública han ampliado el mapa de riesgos.
