El sistema de justicia dominicano está en crisis, y esto no solo afecta a quienes trabajan en él, como jueces, fiscales y abogados, sino también a las víctimas y victimarios que dependen de un sistema eficiente que garantice sus derechos.

La precariedad que atraviesan las fiscalías y palacios de justicia, especialmente las del Gran Santo Domingo, se refleja en cada pasillo, ventana, puerta y rostro de quienes acuden, hambrientos y sedientos de justicia.

La mora judicial afecta gravemente a jurisdicciones críticas, como la penal, donde el 44 % de los tribunales presentan atrasos. Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el sistema penal representa el 48 % de los casos judiciales del país. La transformación de esta área es un reto urgente que enfrenta múltiples barreras y limitaciones estructurales.