Todo empezó la madrugada del domingo 29 de noviembre. El país despertó con la noticia de un fuerte operativo en marcha.
Con un nombre raro: “Operación Anti-pulpo”, asociada a un voraz molusco de cabeza ovalada y largos tentáculos; luego 11 arrestos, diez días de encierro, cargos graves de corrupción, tres días de audiencias y más de 27 horas de agotadoras jornadas de debates, imputaciones y defensas.
Ayer, a las 8:04 minutos de la noche, el juez José Alejandro Vargas ordenó el envío a prisión preventiva a siete y el arresto domiciliario de tres de un grupo de 11 imputados por el ministerio público, entre exfuncionarios del pasado gobierno y alegados testaferros, de robo al tesoro público. Se dispuso la libertad pura y simple a favor de otro encartado.
El juez acogió una solicitud de medida de coerción presentada por los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, y los fiscales de esos órganos del ministerio público.
En su decisión, el juez dispuso que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, cumpla la prisión preventiva por un periodo de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal.
