La Procuraduría General de la República informó ayer que sus órganos investigativos han encontrado múltiples casos de corrupción administrativa, vinculados entre sí por la participación de exfuncionarios que supuestamente operaban al mismo tiempo en distintas redes del crimen organizado dedicadas a estafar al Estado y a todos los contribuyentes.

El órgano investigativo expresó que trabaja “sin descanso en los procesos de investigación para recuperar los bienes sustraídos al Estado y procesar a los responsables de operar en redes de corrupción que se formaron para distraer el patrimonio estatal, mediante modalidades criminales como estafa, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos y lavado de activos”.

La institución apeló al buen entendimiento de los ciudadanos interesados en conocer mayores detalles, debido a que, siguiendo los límites procesales, abundará más adelante sobre las investigaciones que realiza. Recordó que sus diligencias deben ser protegidas para lograr la estructuración de expedientes robustos que puedan facilitar el trabajo de los jueces y lograr el objetivo ciudadano de castigar la corrupción administrativa.

“Como lo establece el artículo 290 del Código Procesal Penal: El procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes”, explicó la Procuraduría General de la República en un comunicado. 

En la primera fase de las investigaciones anticorrupción, el ministerio público detuvo a diez personas acusadas de aprovecharse de su condición para apropiarse de bienes públicos.