La fiscales brasileños de la operación anticorrupción Lava Jato advirtieron que la prohibición por la corte suprema de ordenar penas de prisión antes de que se agoten todos los recursos legales amenaza al combate contra la corrupción y la impunidad.

«La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país», expresaron los fiscales en un comunicado.

Afirmaron que la existencia de cuatro instancias judiciales «asociadas a un número excesivo de recursos» tiene como consecuencia «la demora y la prescripción, acarreando impunidad».

El cambio de jurisprudencia debe llevar a las cortes a examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas cuatro decenas de condenados por Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción centrada en la petrolera estatal Petrobras.

Los fiscales de la operación, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios de primer plano implicados en la trama, reconocen que la decisión «impactará a los resultados de su trabajo», aunque aseguran que seguirán «buscando justicia en los casos en los que actúa».