Miles de manifestantes indígenas rompieron el cerco policial que protegía el edificio de la Asamblea ecuatoriana al recrudecerse el martes las protestas en Quito y otras zonas de la nación andina en rechazo al alza de los precios de los combustibles decretada por el gobierno de Lenin Moreno, que se vio obligado a sacar su asediada administración de la capital.
Ecuatorianos furiosos lograron ingresar al edificio –donde no había funcionarios–, pero poco después fueron desalojados por los policías y militares con gas pimienta mientras una multitud se mantenía en los alrededores.
El país sudamericano de 17 millones de habitantes parecía estar en un punto muerto y de riesgo, paralizado por la falta de transporte público y carreteras bloqueadas que afectaban a una economía ya vulnerable.
La violencia, que comenzó la semana pasada cuando el presidente Lenin Moreno decidió recortar los subsidios a los precios del combustible, ha persistido durante días. Varios pozos petroleros dejaron de producir cerca de un tercio de la producción nacional de crudo, 560.000 barriles diarios porque los manifestantes atacaron las instalaciones, dijo el Ministerio de Energía.
En medio de las protestas, el presidente Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a propiedad privada, entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas y manifestantes, aunque al mismo tiempo reiteró su invitación al diálogo a los dirigentes de las protestas.
Sin embargo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, afirmó que no habrá diálogo mientras no se deroguen las medidas económicas y denunció la supuesta infiltración de personas en las protestas para «desacreditar» la lucha del movimiento indígena.
Moreno, junto con las más altas autoridades del Estado y su gabinete en Guayaquil, señaló el martes que «siento el respaldo de todas las instituciones y agradezco. No por conservar un puesto, lo he dicho, jamás en la vida claudico un principio y estoy seguro que todos los compañeros que estamos acá piensan exactamente lo mismo. Les agradezco por su defensa al sistema democrático».
En la capital del país, las calles se volvieron un caos mientras transcurría la jornada, con manifestantes quemando neumáticos y enfrentándose a los agentes antidisturbios que intentaban repeler a los manifestantes con gases lacrimógenos.
La analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que el gobierno de Moreno «tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas; el gobierno tiene toda la responsabilidad».
De acuerdo con la experta, el traslado de la sede de gobierno es «una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de Estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos».
Moreno acusó en la víspera al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano Nicolás Maduro de gestar un intento de golpe de Estado.
Desde Bélgica donde vive desde hace dos años, Correo respondió que «aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos… adelantar elecciones en caso de grave conmoción social, como la que estamos viviendo».
Correa tiene una orden de captura en Ecuador por presunto delito de corrupción del que le acusa la Fiscalía desde antes que estallaran las protestas.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, señaló que «no queremos derramamiento de sangre, no queremos víctimas, no queremos vandalismo innecesario, si el movimiento indígena ha decidido estar en Quito, que lo haga en forma pacífica, el momento en que haya las condiciones necesarias… el presidente volverá a Quito».
La noche del lunes cientos de personas saquearon establecimientos comerciales de diverso tipo, desde farmacias hasta sitios de venta de electrodomésticos, en la población de Durán, cerca de Guayaquil, en medio de la ausencia de la fuerza pública.
El canciller José Valencia, en una reunión con corresponsales, informó que los representantes en Ecuador de las Naciones Unidas comunicaron su disposición «para propiciar un diálogo que permita encontrar acuerdos entre sectores sociales y el estado ecuatoriano».
Las autoridades confirmaron cerca de 570 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía. En la capital los supermercados lucían con estantes vacíos o con pocos alimentos.
El ministerio de Energía dijo que la noche del lunes un grupo de personas tomaron las instalaciones de control del principal oleoducto del país y lo paralizaron por casi dos horas y media impidiendo el bombeo de 36.239 barriles de petróleo, lo que causó pérdidas por 1,7 millones de dólares y señaló que el hecho fue denunciado a la fiscalía como sabotaje.
La empresa estatal Petroecuador, aseveró que debido a los disturbios en las provincias de Orellana y Sucumbíos, no han logrado restablecer las operaciones de producción por lo que «estima que de mantenerse esta medida, las pérdidas de producción petrolera alcanzarán los 165.000 barriles diarios».
Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción en todo el país lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones. No es inusual que el gobierno utilice ese estado, la última vez que lo decretó fue a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles del país.
Las actividades escolares de escuelas, colegios y universidades están suspendidas en la región andina, pero en el resto del país la actividad era relativamente normal.
Los hechos traen a la memoria de los ecuatorianos las violentas protestas sociales de 2005, que llevaron al entonces presidente Lucio Gutiérrez a dejar el poder en medio de críticas a su gestión.
