La central termoeléctrica Punta Catalina, la necesidad de incrementar la producción de renovables y los apagones fueron los temas que más sonaron en 2019 en el sector eléctrico, mientras que el gran olvidado fue el pacto nacional para la reforma del sector, que debió ser firmado pero se quedó en el silencio del Palacio Nacional.
Punta Catalina fue el centro de toda la actividad del Holding Eléctrico Estatal, cuyos ejecutivos han asegurado que con la entrada al sistema de sus dos unidades (752 MW) quedarán resueltos los mayores problemas del sector y la población no tendrá que sufrir los cotidianos apagones.
A principio de febrero se sincronizó la unidad I, en octubre la unidad II y se estima que para enero del 2020, las dos unidades estén aportando al sistema eléctrico entre 30 y 35% de la demanda total.
En abril, la construcción de Punta Catalina sufrió contratiempo por la negativa del Consorcio Odebrecht-Estrella-Tecnimont a pagar la bonificación correspondiente al 2018. Para subsanar el conflicto el Gobierno destinó cerca de RD$400 millones para “gratificar” a 12,000 empleados.
A pesar de que la unidad 1 de esta nueva planta empezó a aportar energía al sistema en modo de prueba, los apagones no cesaron y las molestias de los consumidores se dejaron sentir. Los déficit de energía se mantuvieron a la orden del día, por mantenimientos programados de plantas generadoras, por aumento de la demanda de suministro, por el déficit económico de las distribuidoras y las pérdidas de energía, en fin por situaciones que se repiten año tras año.
Aunque Punta Catalina aún se encuentra en tiempo de prueba, ya el Gobierno inició el proceso para vender cerca del 50% de sus acciones.
A final de noviembre se anunció la creación de una nueva empresa, las distribuidoras cedieron sus derechos sobre la Termoeléctrica a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y al Fonper y se espera que se ponga en venta en el mercado internacional a principio del año próximo.
Aunque el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otras autoridades afirman que la inversión en la termoeléctrica es de US$1,945 millones y suman más US$336 millones de un fondo de contingencia. En la actualidad se lleva a cabo un proceso de arbitraje que se lleva a cabo en una corte de Nueva York por el reclamo del Consorcio Odebrecht-Estrella-Tecnimont US$708 millones por “costos extras”. Algunos analistas indican que el costo real de este proyecto no se debe limitar al costo nominal del contrato, sino que se deben sumar el costo de los financiamientos, estudios, asesoría y pagos incurridos fuera de la ejecución de la obra.
