El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, asegura que la fiscal que presentó al tribunal un acuerdo entre el empresario Yasmil Oscar Fernández Estévez y su esposa, Anibel González, sacándolo de presión en 2017 por intento de asesinato, y que el pasado viernes la mató a tiros en San pedro de Macorís, y luego cometió suicidio, “se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente…”
Específicamente, la Procuraduría cuestiona el acuerdo penal abreviado al que llegaron Yasmil Oscar Fernández Estévez, Anibel González (víctima de agresión) y el ministerio público, para que el primero saliera de prisión, donde estaba por atacar a la mujer en 2017 con un arma blanca. El titular del ministerio público indica que aun cuando ese acuerdo fue propuesto por la víctima del ataque hace dos años, ese arreglo consensuado “violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República”.
Una investigación preliminar ha evidenciado que “había causales para revocar el acuerdo que, aun la víctima y el victimario hayan consensuado, el mismo no debió ser aceptado por el Ministerio Público”, indica el procurador en un comunicado. Se busca determinar si el Ministerio Público tenía información de que el agresor continuaba hostigando a la víctima, lo que, de ser cierto, “debió solicitar la revocación del acuerdo por ante el Juez de Ejecución de la Pena”.
La exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, señalando que el crimen contra la joven madre y abogada Anibel González, en diciembre del 2017, era una tentativa de asesinato, y que “la pena impuesta debió ser de 30 años; su victimario tenía que estar en la cárcel, no en libertad”.
