Desde el origen de la vida en sociedad la seguridad ha sido una preocupación fundamental de los seres humanos. La seguridad es el gran objetivo que empuja a los hombres a pactar para salir del estado de naturaleza y constituir la sociedad política y el Estado. La seguridad ha sido una necesidad perenne de los seres humanos, pero como cualquier fenómeno socialmente determinado, ha evolucionado en cuanto a su definición y alcancesi.

En 1994 el Informe anual de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expuso la necesidad de transitar a un nuevo paradigma de seguridad. Tomando en consideración que el Desarrollo Humano es un arquetipo de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país.

Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Desarrollo Humano, es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran.

Dentro de los pilares del Desarrollo Humano está la seguridad de las personas, tal concepción exige a los Estados asumir mayor responsabilidad en la protección social, en ese sentido dicho informe del PNUD, presentó por primera vez el concepto de Seguridad Humana, fundamentado en que las personas deben gozar de “libertad para vivir sin temor”, “libertad para vivir sin miseria” y “libertad para vivir en dignidad”.

La Seguridad Humana es un marco normativo dinámico y práctico para hacer frente a las amenazas de carácter intersectorial y generalizado con que se enfrentan los gobiernos y las personas. En tal sentido, para la Policía Nacional es de suma importancia establecer políticas de prevención de los hechos delictivos, procurando establecer la relación existente entre el Desarrollo Humano y la seguridad pública, en razón de que el primero hace referencia al proceso de ampliación de las opciones de que disponen las personas de “vivir dignamente, sin temor y sin miseria”, mientras que la seguridad pública refiere la protección de determinadas opciones u oportunidades de las personas, como su vida, su integridad, su patrimonio respecto del delito o aquellas amenazas a la seguridad personal, la cual puede afectar de forma directa las posibilidades del ejercicio de ciudadanía y ejercer tales opciones de forma libre y segura, razón por la que los Estados deben implementar las políticas públicas necesarias, a lo fines de reducir los hechos de violencia, el crimen y la inseguridad, los cuales afectan directamente el núcleo básico de los derechos que conforman la base del Desarrollo Humano (derecho a la vida, la integridad física y material de las personas).

En la República Dominicana el alto índice de hechos delictivos no está determinado por la forma en que la Policía Nacional desarrolla las acciones de prevención y persecución del delito, ya que ciertos indicadores señalan que la alta tasa de violencia en distintas comunidades del país está motorizada por factores como la falta de empleo, la pobreza y la desigualdad social entre sus habitantes.

Para que se produzca una reducción significativa de los índices de criminalidad y violencia, es necesario que el Estado reoriente de forma más efectiva y acorde con las necesidades actuales, el gasto social y el gasto público en materia de seguridad y justicia. Es necesario establecer condiciones favorables que garanticen no solo la seguridad pública, sino la “seguridad ciudadana”, mejorando de manera eficaz la educación, la salud, creando más oportunidades de trabajo, fortalecer y mejorar los mecanismos del sistema de justicia, renovar el sistema carcelario, generar empleos productivos y dignamente remunerados, en conclusión, la reducción de los índices de la criminalidad está relacionado a la eficientización de las actividades policiales en concordancia con el combate a la pobreza con planes integrales de desarrollo y acorde a las exigencias actuales, así como, la modernización de las instituciones para hacerlas más estructurales y funcionales.