El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, procesado por varios casos de corrupción en su país, acusó a la Fiscalía del Estado de un supuesto fraude procesal, en un caso sobre una presunta trama de sobornos durante su Gobierno (2007-2017)

Correa, que reside actualmente en Bélgica y que suele hacer vida política en Ecuador a través de sus cuentas en redes sociales, indicó que una empresa colombiana efectuó una pericia a unos archivos de computadora que representan la prueba principal en su contra, y que habría determinado que estos fueron alterados.

Se trata del caso «Sobornos 2012-2016», que la Fiscalía investiga sobre la supuesta financiación ilegal del movimiento político Alianza País, cuando Correa lo dirigía, y por la que se habrían beneficiado el propio exmandatario y varios de sus colaboradores.

En un mensaje cifrado de «Urgente», Correa aseguró en su cuenta de Twitter que los archivos del también llamado caso «Arroz verde», fueron alterados por el Gobierno y la fiscal general, Diana Salazar, con el fin de perjudicarle.

«Archivos de ‘Sobornos’ NO fueron sacados de ninguna computadora de Laura Terán (una testigo e implicada), sino hackeados y ADULTERADOS por #ElPeorGobiernoDeLaHistoria (el de su sucesor Lenín Moreno) y Diana Salazar, fraude procesal que la debe llevar a la cárcel», escribió Correa.

Además, dijo que esa prueba ya ha sido sometida a una pericia técnica, que ha sido entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«!No podrán escapar!», añadió el exmandatario al insistir en que, con los abogados que lo defienden, «logramos obtener archivos de ‘Arroz Verde’. Pericia la hizo empresa colombiana ‘Adalid’, y demuestra que fueron hackeados y adulterados, mientras Fiscalía mintió que los encontró en computadora de Laura Terán».

Toda esta prueba se la ha presentado «a la CIDH el 14 de febrero ¡Se les derrumba el circo!», agregó Correa que aparece como uno de los principales implicados en el caso «Sobornos 2012-2016», junto a otros colaboradores que incluyen al exvicepresidente Jorge Glas, quien guarda prisión desde finales de 2017, acusado de otro caso de supuesta corrupción, que él niega.

El exmandatario ha asegurado que este y otros procesos que se han presentado en su contra han sido impulsados por el Gobierno del presidente Lenín Moreno, su sucesor y excorreligionario, convertido ahora en su más acérrimo rival político.

Según Correa, el interés político detrás de este caso es que acabe con una condena lo más pronto posible, para impedir que se vuelva a presentar como candidato a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

La arremetida del exmandatario se da en un momento en que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) recibe las pruebas de la acusación y la defensa de las 21 personas vinculadas al caso por el presunto delito de cohecho.

Justamente, este jueves se cumplió el décimo día de la audiencia del juicio en la CNJ, en que las defensas de los procesados continuaron con la presentación de sus pruebas.

Al respecto, la Fiscalía del Estado, también en su cuenta de Twitter, insistió en su argumento de que una «pericia científica establece la existencia de una estructura criminal» vinculada al delito de los sobornos, que empresas presuntamente ofrecían a autoridades del Gobierno de Correa a cambio de contratos.