SANTO DOMINGO-La Procuraduría General de la República inicio los requerimientos a los vinculados al caso Odebrecht, un fuerte contingente militar se presentó esta madrugada a la torre Caney en esta ciudad de Santo Domingo.

Hasta el momento han sido trasladados  al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Temístocles Montas, Ruddy González, Radhamés Segura, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Ángel  Rondón, Roberto Rodríguez se presentó de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República.

En unas  pocas horas el Ministerio Publico estaría accionando con el  apresamiento de los implicados en los sobornos con 92 millones de dólares pagados por la Odebrecht, entre ellos algunos legisladores y ex servidores del Estado, como resultado de  las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo a una  fuente de El Nuevo Diario, el trabajo investigativo de sustentación de cada uno de los expedientes correspondiente a cada imputado, “ya están listos. Solo se espera la hora y la  orden” de los arrestos.

La misma fuente también reveló que “de hecho,  para el fin de semana ya todo estaba listo para proceder en contra de los implicados  en el caso, pero por la celebración del Día de las Madres ( este domingo) se decidió aplazar la acción”.

 

Son tres prisiones remodelada para los arrestados

Para que la operación pueda ser facilitada, ya están listas las celdas de tres prisiones,  el  Centro de Najayo Hombre, ocupadas por ex banqueros en San Cristóbal ; la del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la de Haras Nacionales.

En cuanto a la segunda,   este fin de semana terminaron los trabajos de remodelación, donde se instalaron baños y losetas nuevas, así como pintura color azul y camarotes.

Se recuerda que en esas celdas los internos “comunes” lo que  utilizaban como camarotes era “el piso” y los más afortunados “estrechas superficie de concreto”.

También fue acondicionado el recinto de Haras Nacionales, las cuales   han sido habilitadas debido a que de manera simultánea, en las próximas horas, “llegarían varios inquilinos”.

 

Oposición prepara defensa 

Tan cerca está de producirse la conducencia de funcionarios y dirigentes políticos que algunas organizaciones políticas ya comenzaron a reunirse con los abogados de sus respectivos departamentos legales  y la contratación de juristas “de fuste”, para la defensa de los que sean acusados.

Debido a la inminencia de los arrestos, ya el  Partido Revolucionario Moderno, PRM  este lunes, a las 3:00  de la tarde, convocó a  su comisión política, tiene una reunión con un único punto: Cual estrategia aplicar a ver  cómo defenderían  a los actuales y ex legisladores que podrían ser conducido al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Mientras, otros  “andan frotandose las manos” y cabildeando ocupar las curules de compañeros de partidos que serán procesados, y que por su fuerte vinculación al caso Odebrecht, sus partidos tendrán que designar a otras personas en sus respectivas curules, siempre y cuando la cámara a que corresponda decida despojarlos de su inmunidad parlamentaria.

De acuerdo a los informes, el listado de vinculados al caso Odebrecht es mayor que el publicado en las redes sociales, pero como ha expresado el procurador general,  Jean Alain Rodríguez,  “la filial de Odebrecht en República Dominicana brinda colaboración adicional especifica al Ministerio Publico, facilitando detalles durante el proceso de análisis y cotejo que realizan técnicos, analistas y fiscales que no duermen instrumentando los expedientes que en pocas horas saldrán a la luz pública”.

 

Juez Francisco Ortega Polanco

Al respecto,  ya el  Juez Francisco Ortega Polanco  fue designado para procesar a los acusados con jurisdicción privilegiada (senadores y diputados) luego que la PGR solicitara algunas medidas a la Suprema Corte de Justicia.

Ortega Polanco fue escogido como juez de la instrucción especial  del caso Odebrecht, en virtud de que todos los mencionados en el citado caso tienen jurisdicción privilegiada o “son arrastrados por los legisladores que gozan de esa condición especial”.

De acuerdo a lo que establecen los códigos y la Ley Orgánica de la SCJ,  el juez Ortega Polanco, de la Tercera Sala Laboral, de Tierras, de lo Contencioso Administrativo y lo Contencioso Tributario, ya está   apoderado de cualquier diligencia  requerida por  el Ministerio Público en torno al caso, entre ellas conocer de las solicitudes de órdenes de arresto o dictar  las correspondientes medidas de coerción, los impedimentos de salida, allanamientos, intercepciones de llamadas telefónicas, entre otras medidas.

 

Inmunidad Parlamentaria

En virtud de que en el listado elaborado por el Ministerio Publico hay varios legisladores que fueron elegidos por el voto popular en los pasados comicios, es importante reseñar que la Constitución Dominicana, promulgada el 26 de enero del 2010,  sobre la Inmunidad Parlamentaria logró esclarecer aún más la figura de la jurisdicción privilegiada,  al presentar una definición más llana y plantearla como una prerrogativa del parlamento, no como un privilegio personal.

De igual forma, estableció el alcance y los límites a los que este privilegio se encuentra sujeto, tal como aparecía en las constituciones anteriores.

El artículo 86 de la Constitución dominicana de 2010 (Protección de la función legislativa) establece lo siguiente: “Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen”.

Asimismo, que si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura.

A este efecto, el presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según sea el caso, hará un requerimiento al procurador general de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública.

De igual modo, el artículo 87 plantea que “la inmunidad no es un privilegio personal conferido al congresista, sino que es una prerrogativa que busca proteger la función que desempeña el legislador.

Asimismo, que la  inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho.

“Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento”, precisa.

Algunos legisladores creen que la inmunidad no les ofrece ningún beneficio, por el hecho de que solamente se tiene una única instancia para ser juzgados, aunque a pesar de esto entiende que la inmunidad es necesaria.

En los últimos 14 años se han conocido en República Dominicana 25 casos donde legisladores se han visto relacionados en escándalos públicos.

A 17 de estos casos se les retiró la inmunidad parlamentaria, entre ellos a  Radhamés Ramos García “el diputado de los chinos” y a Ramón Fernández Martínez y  ambos fueron encarcelados y recibieron condenas que van desde un año hasta un año y medio de prisión.

 

LILLIAM MATEO Y FRANCIA VALDEZ